Spots para candidaturas judiciales

Yurisha Andrade Morales*

Desde la reforma electoral de 2007 nuestra Constitución establece que los partidos políticos, federales y locales, sus precandidaturas y candidaturas,acceden a la radio y la televisión a través de los tiempos oficiales del Estado, cuya administración, para efectos electorales, corresponde, única y exclusivamente, al Instituto Nacional Electoral, que ejerce amplias atribuciones para distribuir espacios entre las fuerzas políticas, las propias autoridades electorales, candidatas y candidatos y, ahora también, entre las personas candidatas a los cargos judiciales que serán sometidos al veredicto de las urnas el domingo 1º de junio.

El modelo de radio y televisión, vigente desde entonces, se estructura a partir de premisas básicas contenidas en la normativa electoral. Entre las más relevantes destaca la prohibición tajante para la adquisición de espacios en las señales de radio y televisión para difundir mensajes político electorales, lo cual significa, que nadie, ni partidos ni candidaturas, por sí o a través de interpósita persona, pueden comprar espacios para propaganda electoral en ninguna señal de radio y televisión; la segunda, obliga a que los mensajes no contenganexpresiones calumniosas en contra de adversarios políticos; la tercera, se orienta a garantizar equidad en la contienda entre los participantes, evitando las ventajasque tendrían los partidos y candidaturas con mayor cantidad de recursos para promocionarse en la radio y la televisión.

Pese a que el modelo sigue vigente, es claro que luego de 17 años de implementación, enfrenta diversas tensiones frente al crecimiento exponencial y la utilización de las redes sociales que se han convertido en el principal mecanismo de comunicación entre las personas de todo el planeta, incluso entre los políticos con sus bases electorales. No obstante la obsolescencia que acusa el modelo, lasmodificaciones a la Constitución y a las leyes electorales en materia del poder judicial federal y de las entidades federativas, determinan que las candidaturas a los cargos judiciales se darán a conocer con un criterio de equidad a través de las señales de radio y televisión; justo por ello, el lunes de la semana pasada, el INE aprobó las pautas que permitirán la difusión de los mensajes promocionales de dichas candidaturas. 

Se trata de un complejo ejercicio que materializa la distribución de tiemposen todas las señales de radio y televisión considerando, en los casos de Durango y Veracruz, las elecciones locales para renovar ayuntamientos; adicionalmente, los procesos extraordinarios locales de personas juzgadoras que se desarrollan en 17 entidades federativas; adicionalmente, los tiempos ordinarios que corresponderán a partidos políticos en 15 entidades que no tienen elecciones judiciales y, los espacios de tiempo, requeridos por las autoridades electorales para la difusión de mensajes institucionales.

Dicho en síntesis, durante lo que resta del primer semestre de 2025, los 32 Estados de la República verán y escucharán miles de mensajes: unos de propaganda genérica de los partidos políticos; otros para la difusión de la imagen de candidaturas a cargos judiciales federales y locales; otros, en Durango y Veracruz, para la promoción de las candidaturas a cargos municipales; otros para que las autoridades ofrezcan información institucional, orientando a la ciudadanía sobre la forma de participar en las elecciones judiciales. Suena muy complejo y confuso, una especie de galimatías.

En mi opinión, lo más relevante para las candidaturas judiciales, consiste en enfrentar el reto de darse a conocer en poco tiempo, de informar a la ciudadanía qué ofrecen para merecer el voto, de afrontar una contienda en un modelo que les concederá quizá un spot con limitados impactos, que seguramente tendrá topes de gastos de campaña muy restringidos, que no permitirá utilizar recursos ni públicos ni privados y que serán rigurosamente fiscalizados por el INE y por los adversarios que, probablemente, igual como ocurre con las candidaturas partidarias, tratarán de darle la vuelta a la fiscalización o para imputar gastos a los demás contendientes. Al final, las candidaturas optarán por la difusión no pagada de su imagen en redes sociales, veremos qué resultados específicos se generanen las campañas que iniciarán a finales de marzo y tendrán duraciones diferenciadas. 

* Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade