Dos agentes de las fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato fueron llevados ante un juez luego de ser señalados por presunta participación en la retención irregular de un operador de trailer, quien posteriormente fue privado de la libertad y víctima de extorsión por parte de dos civiles.

El grupo de Inteligencia Operativa (GIO) integrado por autoridades estatales y federales, informó que la Fiscalía General del Estado obtuvo órdenes de aprehensión contra los oficiales identificados como Ricardo y Emmanuel Israel, mismas que fueron cumplimentadas el pasado martes 12 de Mayo.

Los hechos ocurrieron el 30 de Abril sobre la carretera federal 45, donde una cámara instalada en el tractocamión captó el momento en que los agentes estatales detuvieron al conductor para solicitarle sus documentos y posteriormente se retiraron del lugar. Segundos después, dos hombres abordaron la unidad y amagaron al chofer, quien mas tarde fue privado de la libertad y víctima de la extorsión.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los oficiales habían participado en la retención irregular del conductor, motivo por el cual enfrentan cargos por abuso de autoridad. Sin embargo, no fueron acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad ni extorsion.

El GIO detallo que posteriormente el tracto camión fue recuperado y el operador localizado en óptimas condiciones de Salud.

Durante la audiencia inicial, un juez determinó vincular a proceso a ambos imputados y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Aunque los elementos fueron cesados de sus cargos, continuarán el proceso penal en libertad debido a que el delito imputado no es considerado grave.

También te podría interesar: A machetazos última un hombre en Lomas del Pedregal

Según el artículo 253 del Código Penal, el delito de abuso de autoridad contempla penas de dos a ocho años de prisión para el servidor público que, de manera dolosa y en ejercicio de sus funciones, exceda sus atribuciones en perjuicio de un particular o de la función pública.

Finalmente, el GIO señaló que este tipo de conductas dañan la confianza ciudadana afectan el trabajo honesto de las corporaciones de seguridad, por lo que advirtió que ninguna actuación fuera de la ley será tolerada.

Fuente: La Jornada.