Washington, Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves 6 de febrerouuna orden ejecutiva que impone sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) por haber emitido una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

Ni Estados Unidos ni Israel son miembros, ni reconocen a la Corte.

La orden firmada por Trump acusa a la CPI de participar en “acciones ilegítimas e infundadas que apuntan a Estados Unidos y a nuestro aliado cercano Israel”, y de abusar de su poder al emitir “órdenes de arresto sin fundamento” contra Netanyahu y su exministro de defensa, Yoav Gallant.

La orden, que se emitió mientras Netanyahu visitaba Washington, añade que el tribunal estableció un “precedente peligroso” con sus acciones contra ambos países.

El mandato indica que Estados Unidos impondrá “consecuencias tangibles y significativas” a los responsables de las “transgresiones” de la CPI.

Las acciones pueden incluir el bloqueo de propiedades y activos, y la prohibición de entrada a territorio estadounidense de funcionarios de la CPI, empleados y familiares.

Joe Biden había dicho que las órdenes de arresto contra Netanyahu eran una “abominación”, y el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, ha acusado a la corte de tener un sesgo antisemita.

Oposición a medida de Trump

Charlie Hogle, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles consideró que la orden contra CPI “es un ataque a la rendición de cuentas y a la libertad de expresión”.

“Puedes estar en desacuerdo con la corte y la forma en que opera, pero esto es inaceptable”, declaró, por su parte, Sarah Yager, directora en Washington de Human Rights Watch, en una entrevista antes del anuncio.