Salvador García Espinosa y Rosenda Aguilar Aguilar
Ante la insistencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por “cambiar” el nombre del Golfo de México a Golfo de América, conviene reflexionar sobre algunos aspectos relevantes.
El primero de ellos es comprender que, a partir de múltiples Convenciones de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), se estableció como criterio internacional que los países con costa tendrían una zona adyacente sobre los mares de 200 millas náuticas hacia el interior, la cual forma parte de su propiedad y soberanía. Después de esta zona limítrofe comienzan las denominadas aguas internacionales o alta mar, donde existe libertad de navegación, pesca, sobrevuelo y colocación de tuberías submarinas. Como resultado de estos criterios internacionales y gracias a sus 11,592.77 kilómetros de litoral, a México le corresponden 3.1 millones de km² de territorio marino. En este sentido, hay que señalar que México tiene 62% de su territorio en aguas oceánicas y 48% es territorio continental.
En el caso del Golfo de México, se trata de un mar cuya superficie pareciera ser un nicho donde se prolonga el Océano Atlántico al pasar entre penínsulas e islas. Su superficie se calcula en 1´553,288 km² y su profundidad media en 1,615 metros. De acuerdo con lo establecido por la CONVEMAR, la propiedad del Golfo corresponde a tres países y, con base en los litorales de cada uno, a México le corresponde el 47.67%, a Estados Unidos el 44.75% y a Cuba el 5.23%. Existe un restante 2.35%, ubicado separadamente en dos pequeñas porciones de aguas internacionales que se encuentran sin repartir y que se conocen como East Gap y Western Gap.
Lo relevante del Golfo de México es que se trata de una sola cuenca marina donde los tres países involucrados realizan su exploración, explotación y manejo de recursos de acuerdo con sus propios intereses y necesidades. Históricamente, tanto para México como para Estados Unidos, el aprovechamiento del Golfo ha sido principalmente para la extracción de petróleo y gas, además de la actividad portuaria, el transporte marítimo, la pesca y el turismo.
Pese a lo anterior, la orden ejecutiva 14172, firmada por Donald Trump, señala textualmente: “tome todas las medidas apropiadas para renombrar como ‘Golfo de América’ al área de la Plataforma Continental de los Estados Unidos, limitada al noreste, norte y noroeste por los estados de Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida, y que se extiende hasta el límite marítimo con México y Cuba en el área anteriormente denominada Golfo de México”. Este inusitado interés por algo aparentemente irrelevante como el nombre del Golfo solo puede interpretarse como una política de control geopolítico con dos intenciones evidentes:
Una, de carácter defensivo, que busca proteger la fracción marina que le corresponde del Golfo de México como un activo de enorme relevancia para su crecimiento económico. El cambio de nombre a Golfo de América le permite ostentarse como poseedor de un territorio que “ya no comparte” con los países vecinos, una modalidad de la Doctrina Monroe que proclamó el “América para los americanos”.
La segunda intención puede calificarse de carácter ofensivo, dado que fortalece la estrategia gubernamental Securing our Borders, que busca asegurar las fronteras de los Estados Unidos mediante el establecimiento de barreras impermeables a personas y productos. En este marco, los océanos juegan un papel relevante en su intención de aislar y repeler.
Finalmente, la propuesta de cambiar de forma unilateral el nombre a Golfo de América responde a la búsqueda de una apropiación simbólica del territorio mexicano, como primer peldaño para justificar la gestión económica que ejerce sobre el Golfo de México. El riesgo es que se priorice la explotación económica por encima del impacto ambiental del Golfo de México.
