Morelia, Michoacán, 06 de febrero de 2025.- El reconocer a las y los ciudadanos que padecen insuficiencia renal, como personas con una discapacidad, y prever el respeto pleno a todos sus derechos, garantizando su atención e inclusión, fueron las propuestas que presentó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

Al hacer uso de la tribuna en la sesión ordinaria, informó que la insuficiencia renal crónica, representa una condición de salud con un alto impacto en el grupo de enfermedades no transmisibles, que genera graves afectaciones a quienes la padecen, además de altos costos en su tratamiento.

Con base a lo anterior, el legislador presentó dos iniciativas: la de Adición a la Ley de para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán, a fin de que este padecimiento y las enfermedades no transmisibles o “crónicas” sean reconocidas en este ordenamiento.

A la vez propuso la iniciativa que reforma el artículo 263 de la Ley de Salud del Estado de Michoacán, para que las autoridades de salud implementen acciones de prevención en la población y establezcan programas educativos que permitan la disminución de factores de riesgo en la población en torno a la insuficiencia renal.

Ambas iniciativas están encaminadas a garantizar acciones integrales de atención a todas las personas con padecimientos de insuficiencia renal y crónicos, al justificar que un 74% de las muertes de personas en el mundo son causadas por enfermedades no transmisibles y para quienes las desarrollan, les pueden también ocasionar alguna discapacidad como son deficiencias físicas, mentales y sensoriales, que les impiden desenvolverse plenamente.

Agregó que, en un gran número de casos, estas personas requieren de aparatos de apoyo como sillas de ruedas, prótesis, muletas, entre otros, que a la vez les impide acceder a un empleo, con la consecuente afectación económica que de ello deriva.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) detalló que las propuestas incluyen que este grupo de la población sea considerado como personas con discapacidad, con la garantía de atención, acceso a servicios, asesoría, planes e ingreso a todos los programas de atención y pensiones económicas gubernamentales.

A la vez, se pretende desarrollar y ejecutar programas educativos de prevención de factores de riesgo; y, campañas permanentes sobre hábitos de vida saludable; así como  el acceso gratuito y subsidiado a pruebas diagnóstico de insuficiencia renal en unidades de salud públicas.

Lo anterior, encaminado a evitar actos de exclusión hacia este grupo y avanzar hacia la equidad social y económica de las personas con enfermedades crónicas, garantizando el goce pleno de sus derechos, en igualdad de condiciones.

El legislador conminó a sus homólogos a hacer propia esta iniciativa y coadyuvar a generar un mejor nivel de vida de las personas con este tipo de padecimientos, así como contribuir a un enfoque preventivo de esta enfermedad.