Luego de 22 horas de intenso debate, la jueza federal Patricia Sánchez Nava vinculó a proceso a los cuatro excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acusados de un presunto daño al erario por 3 mil 412 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil del estado.
La audiencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, resultó en la continuación del proceso judicial para los exfuncionarios.
Los imputados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas; y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSPC.
Los cargos en su contra incluyen peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.
Durante la audiencia, la defensa de los acusados presentó peritos y argumentos para desvirtuar las acusaciones, pero estos fueron desechados por la jueza.
En particular, el abogado de Maldonado Mendoza defendió que su cliente sólo autorizó tres oficios para realizar pagos a la Inmobiliaria DIP, empresa señalada de beneficiarse con contratos a sobreprecio para la compra, arrendamiento y mantenimiento de los cuarteles. Según su defensa, la decisión final fue tomada por comités y subcomités del gobierno estatal, no por Maldonado.
Por su parte, el exdelegado administrativo Mario Delgado Murillo aseguró que su labor se limitó a gestionar pagos, pero que no tuvo responsabilidad en la toma de decisiones sobre los contratos, los cuales fueron aprobados por los comités correspondientes.
La defensa de Elizabeth Villegas solicitó que el acuerdo reparatorio firmado por el gobierno del estado con Inmobiliaria DIP, que implicó un pago de 970 millones de pesos a las autoridades, también beneficiara a los exfuncionarios detenidos. No obstante, la jueza desechó este planteamiento.
Con la vinculación a proceso, los exfuncionarios permanecerán en prisión preventiva. La jueza otorgó a la Fiscalía General de la República un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
El caso sigue siendo uno de los más relevantes en el ámbito político de Michoacán, ya que también se busca la captura del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
Fuente: El Universal
