Morelia, Michoacán, a 3 de febrero de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública de Tuxpan y de Marcos “N”, comandante de la Policía Municipal, por su presunta responsabilidad en el homicidio de Alejandro R., ocurrido el pasado 30 de diciembre.
De acuerdo con los datos de prueba, el pasado 30 de diciembre, Alejandro R., se dirigió a la localidad de Milpillas, municipio de Tuxpan, con la finalidad de realizar una entrega de material para construcción; sin embargo, en el camino fue interceptado por varias personas que lo trasladaron al lugar conocido como El Salto, sitio donde fue golpeado con unas tablas.
Hasta el lugar llegaron Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública de Tuxpan y Marcos “N”, comandante de la Policía Municipal, quienes, tras hacerle unos reclamos a la víctima por la difusión de unos videos, también lo golpearon.
Más tarde, Alejandro R., fue subido a un vehículo particular y llevado hasta su domicilio, lugar donde varias personas que intervinieron en la agresión, exigieron a la esposa del jornalero la entrega de una determinada cantidad de dinero, ya que, de lo contrario, lo privarían de la vida.
Una vez que la mujer atendió la exigencia económica, los infractores bajaron a la víctima y se retiraron.
Alejandro R., fue auxiliado por su familia y llevado a un nosocomio de Ciudad Hidalgo, donde a las 22:00 horas, murió a consecuencia de traumatismo cerrado en abdomen, lo que le ocasionó estallamiento del bazo.
Tras tener conocimiento de los hechos y al advertirse la posible intervención de los servidores públicos, el Fiscal General instruyó al titular de la Unidad Especializada en Homicidio Doloso, atraer la Carpeta de Investigación.
Una vez que se llevaron a cabo las actuaciones respectivas, se obtuvieron datos sólidos y contundentes de la posible participación de los servidores públicos, entre ellos de Juan Manuel “N”, y Marcos “N”, quienes, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fueron detenidos con base a una orden de aprehensión.
Tras ser presentados ante el Juez de Control, fueron vinculados a proceso; se les impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fue establecido un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.
