Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. El próximo primero de junio se llevará a cabo la primera elección judicial, en la que se renovarán 881 cargos del Poder Judicial federal, incluidos nueve ministros de la Corte, además de elegir puestos para poderes judiciales estatales, así como cargos locales en los estados de Durango y Veracruz. Desafortunadamente, estos ejercicios electorales han estado marcados por un contexto de violencia política, alerta México Unido contra la Delincuencia.

De acuerdo con datos recolectados por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político a través de su proyecto “Votar entre balas: Entendiendo la violencia político-criminal en México”, entre enero y abril de 2025, se documentaron 182 víctimas de violencia político criminal. Estas incluyen precandidaturas, candidaturas, funcionarias/os en funciones, autoridades electas, militantes partidistas, elementos de seguridad fuera de combate, instalaciones y familiares de actores políticos. De estos casos, 107 fueron víctimas de asesinato, 26 recibieron amenazas, 20 fueron víctimas de secuestro, 13 ataques armados y 11 atentados. Además, preocupa especialmente que en febrero se registraron cinco casos de desaparición, los únicos con esta característica en lo que va del año.

La mayoría de las personas afectadas ocupaban o aspiraban a cargos a nivel municipal (80.9%), seguidas por las de nivel estatal (16.5%) y federal (2.6%). Las entidades federativas con el mayor número de incidentes documentados entre enero y mayo de 2025 fueron: Sinaloa con 25, Guerrero 20, Veracruz 20, Oaxaca 18 y Morelos con 16. En contraste, en 13 estados no se han registrado casos de violencia político-criminal durante este periodo.

Estos datos revelan un panorama preocupante para la integridad de las elecciones y para el ejercicio de los derechos políticos en México. La persistencia de la violencia criminal en contextos electorales no solo vulnera la seguridad de quienes participan en la contienda, sino que también debilita la confianza ciudadana en los procesos de elección.

En entrevista con El Economista, Lisa Sánchez, directora general de MUCD, advirtió que este ambiente de violencia política "afecta gravemente la participación electoral y socava la confianza ciudadana en las instituciones". Advirtió que la criminalidad está afianzando una "gobernanza criminal", es decir, un control territorial en el que gestionan la convivencia y la conflictividad social influyendo en la política.

“Los criminales influyen en las elecciones poniendo o quitando candidatos. Los intimidan, los sobornan o los asesinan y al final la ciudadanía termina votando por candidatos previamente filtrados por el crimen”, destacó.