Ashley Rodríguez / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán fue instalado formalmente en 1992 y desde entonces ha acompañado los procesos de transformación política y electoral de Michoacán, adaptándose a reformas constitucionales, legales y a nuevas exigencias sociales.

A lo largo de más de tres décadas, se ha consolidado como una institución autónoma, garante de los derechos político-electorales de la ciudadanía y pieza clave en la estabilidad democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Con motivo del 34 aniversario de su instalación, el TEEM realizó el conversatorio “Tribunal Electoral: inicio, evolución y actualidad de la justicia electoral en Michoacán”, en el auditorio Miguel Mesa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH.

En este espacio exmagistraturas, autoridades jurisdiccionales, representantes de instituciones públicas, académicas y comunidad estudiantil analizaron el papel histórico del órgano jurisdiccional en la consolidación democrática del estado.

Durante el mensaje inaugural, la magistrada presidenta del TEEM, Amelí Gissel Navarro Lepe, destacó que el aniversario representa un ejercicio de memoria institucional y reflexión.

Subrayó que la función jurisdiccional del Tribunal se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, objetividad, probidad y máxima publicidad y afirmó que “la justicia electoral con enfoque de derechos humanos es indispensable para la democracia y la paz social”.

De un órgano incipiente a un tribunal especializado: la mirada de Armando Chávez Román

En la primera intervención del conversatorio, el exmagistrado Armando Chávez Román realizó un amplio recuento histórico sobre los orígenes del Tribunal Electoral en Michoacán y su tránsito hacia un modelo permanente y especializado.

Recordó que en sus primeras etapas el órgano jurisdiccional no tenía carácter permanente, ya que una vez concluido el proceso electoral los magistrados regresaban a sus actividades ordinarias y el Tribunal desaparecía.

Explicó que fue con la reforma electoral de 1995 y la expedición del Código Electoral de Michoacán, cuando se estableció por primera vez un Tribunal Electoral permanente, del cual formó parte como magistrado numerario.

Chávez Román precisó que, a diferencia de los modelos actuales, el procedimiento de designación de magistraturas no se realizaba mediante exámenes de oposición ni comparecencias públicas, sino a partir de propuestas formuladas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Detalló que la integración inicial del Tribunal respondió a un diseño plural, conformado por perfiles provenientes de distintos ámbitos jurídicos.

Entre las personas designadas mencionó a Eva López Carranza, abogada de la administración pública estatal; a Lidia Hortensia Barriguete, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, propuesta por la propia institución; y a J. Apolinar Rodríguez Aguilar, abogado dedicado al ejercicio de la postulancia, a quienes atribuyó aportaciones relevantes en la consolidación del Tribunal.

“Fue un tribunal democráticamente integrado, sin cabildeos ni presiones, y con un compromiso claro con la aplicación estricta del derecho”, señaló.

El exmagistrado explicó que, aunque la ley contemplaba magistraturas supernumerarias únicamente para casos de exceso de trabajo, el Pleno acordó integrarlas de manera activa en las salas para que se involucraran desde el inicio en los procesos electorales.

Esta decisión, dijo, permitió fortalecer el trabajo jurisdiccional y sentar las bases de una cultura institucional sólida.

Chávez Román subrayó que uno de los ejes centrales del Tribunal desde su nacimiento fue la construcción de una cultura electoral basada en el derecho y no en la lógica política o partidista. Para ello, recordó la creación de un centro de capacitación e investigación, así como la realización de foros, conferencias y actividades de difusión en todo el estado, con el propósito de acercar la justicia electoral a la ciudadanía.

“El Tribunal se convirtió en un órgano de equilibrio que dio certeza jurídica a los procesos y confianza a la sociedad”, afirmó.

Autonomía y ruptura con el control político: María de los Ángeles Llanderal Zaragoza

En su participación, la exmagistrada María de los Ángeles Llanderal Zaragoza abordó el proceso histórico que llevó a la desaparición de los colegios electorales y a la consolidación del Tribunal como autoridad autónoma.

Explicó que durante gran parte del siglo XX la organización y calificación de las elecciones estuvo en manos de órganos políticos, lo que generaba inconformidades y conflictos poselectorales.

Señaló que, aunque el Tribunal comenzó a operar en 1992 bajo una denominación administrativa, fue hasta las reformas de finales de los años noventa y del año 2000 cuando se consolidó plenamente como un órgano jurisdiccional independiente.

Destacó que por primera vez en la historia del estado, la calificación de la elección de gobernador fue realizada por el Tribunal Electoral, lo que significó un punto de inflexión en la vida democrática de Michoacán.

Llanderal Zaragoza resaltó también la evolución en los mecanismos de designación de magistraturas, que eliminaron la intervención directa del Poder Ejecutivo y la creciente especialización del personal jurisdiccional.

“La justicia electoral pasó de ser una función incipiente a una materia altamente especializada, lo que fortaleció la autonomía del Tribunal y la certeza de los resultados”.

Resaltó también la creciente especialización de la justicia electoral, al pasar de integraciones iniciales conformadas por perfiles provenientes de diversas ramas del derecho a una conformación con trayectorias específicamente electorales.

“Hoy la justicia electoral es una materia altamente especializada y eso se refleja en la solidez de las resoluciones y en la confianza ciudadana”, afirmó.

Finalmente, advirtió sobre la importancia de preservar y profundizar la autonomía del Tribunal frente a posibles reformas electorales.

Señaló que, si bien, los cambios normativos son parte natural de la evolución democrática, estos deben garantizar siempre la independencia de los órganos jurisdiccionales, al ser pilares fundamentales para la certeza jurídica, la gobernabilidad y la paz social.

Profesionalización, derechos humanos y nuevos criterios jurisdiccionales: la etapa de Omero Valdovinos Mercado

En la tercera intervención, el exmagistrado Omero Valdovinos Mercado se refirió a los retos que enfrentó el Tribunal a partir de la reforma constitucional de 2014, cuando las magistraturas electorales locales comenzaron a ser designadas por el Senado de la República.

Explicó que este nuevo modelo implicó tensiones presupuestales e institucionales, pero también impulsó procesos de profesionalización y capacitación del personal.

Valdovinos Mercado destacó la incorporación de criterios innovadores en materias como violencia política contra las mujeres en razón de género, paridad, derechos de comunidades indígenas y valoración de pruebas indiciarias.

Asimismo, subrayó la importancia de emitir sentencias con lenguaje claro y accesible, así como la creación de áreas especializadas en género, derechos humanos y defensoría pública electoral.

“El objetivo fue acercar la justicia electoral a la ciudadanía y atender a quienes enfrentan mayores barreras para el acceso a la justicia”, afirmó.

A su vez, expresó que “la justicia electoral no puede quedarse en un lenguaje exclusivo para especialistas; debe ser entendible para cualquier persona”.

Proyección a futuro

Al cierre del conversatorio, las exmagistraturas coincidieron en que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ha experimentado un proceso continuo de fortalecimiento institucional, resultado del trabajo acumulado de distintas generaciones de juzgadores.

También se destacó que cada etapa ha contribuido a elevar el nivel técnico, humano y ético del órgano jurisdiccional.

El evento concluyó con la entrega de reconocimientos a los ponentes, donde reafirmaron la importancia de la memoria institucional y del diálogo académico como herramientas para comprender la evolución de la justicia electoral.

Las exmagistraturas subrayaron que el principal reto hacia el futuro será preservar la autonomía del órgano jurisdiccional, fortalecer su cercanía con la ciudadanía y responder a nuevas agendas de derechos en un contexto democrático cada vez más complejo.