“El que abandona la idea, pierde” Benito Pablo Juárez García (1806 – 1872)

Horacio Erik Avilés Martínez

La planificación para el desarrollo es una de las mejores herramientas con las que contamos los ciudadanos para darnos cuenta de cuál será el destino que correrá la administración pública.

A través de ella podemos detectar si el discurso es consistente con los objetivos planteados, la presupuestación asignada y los resultados obtenidos.

De esta manera, al dar seguimiento a los instrumentos de planeación para el desarrollo los ciudadanos sabemos cómo vamos, si es necesario un viraje de timón, un ajuste de gabinete o una reingeniería profunda.

Incluso, podemos vaticinar con facilidad si los funcionarios serán llamados a cuentas en su momento respectivo, salvo algún milagro político que conjure la rendición de cuentas respecto a las responsabilidades incurridas.

Excesos han ocurrido en el pasado, despropósitos totales. Por ejemplo, sin entrar en detalles, basta decir que, en el sexenio pasado apenas si se elaboró el Programa Sectorial de Educación (PROSE) en 2020, con un horizonte a 2021. En el cuatrienio 2012-2015 se colocaron indicadores inasibles por parte de las políticas públicas educativas: se colocó como medida de la calidad educativa el número de medallas obtenidas por los atletas juveniles en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil (hoy Juegos CONADE). Históricamente, la planeación para el desarrollo educativo estatal ha sido una de nuestras principales falencias en la materia.

Recordemos que, el marco normativo de la planeación para el desarrollo se encuentra principalmente en el Artículo 25 constitucional, el cual propugna el Sistema de Planeación Democrática en México, así como asigna al Estado mexicano la rectoría del desarrollo nacional (el cual increíble, pero explicablemente se omite en el apartado denominado Marco Jurídico del PROSE) así como en la Ley Estatal de Planeación del estado de Michoacán.

Entonces, estos instrumentos de planeación se convierten en vinculantes, es decir, de observancia y ejecución obligatorias, hacia los cuales toda acción de gobierno y su respectiva presupuestación se deben de subordinar, debiendo impactar en resultados a favor de conseguir los objetivos planteados en el PLADIEM y en el PROSE.

El PLADIEM fue publicado el 1 de agosto de 2022, mientras que el PROSE fue emitido el 8 de abril de 2024. El primero de ellos fue el último en publicarse de los 15 estados que tuvieron elección en 2021, mientras que el PROSE apareció publicado en circunstancias atípicas.

En el portal electrónico del Gobierno del Estado de Michoacán, no aparece la carpeta del 8 de abril, mientras que en la del Congreso del Estado sí está publicado el documento, fraccionado en cuatro partes. Paralelamente, en el servidor de la Secretaría de Educación en el Estado se encuentra alojado el documento completo. Extraño, ¿no?

Más aún, cabe hacer notar que, desde la Dirección de Monitoreo de Políticas Públicas de Mexicanos Primero se realizaron solicitudes de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en las cuales, recursivamente se nos contestó que el Programa Sectorial de Educación se encontraba en proceso de elaboración. Basta citar la solicitud número 161284124000165, contestada el 25 de julio pasado, por la Mtra. María Selene Licea Garibay, quien a la letra dice que “se hace de su conocimiento que el Programa Sectorial de Educación está en proceso”. ¿Qué diría Kafka al respecto?

En los anexos técnicos de los indicadores del PLADIEM se declaran actualizaciones anuales o bianuales de indicadores que, en realidad solo son proyecciones, ya que cuando se censan es cada 10 años, habiendo un corte intercensal a los cinco años. Entonces, las variables de rezago educativo, analfabetismo y escolaridad promedio solo se conocerán hasta 2031, cuando se publiquen los resultados del Censo Económico de 2030.

Desde el mismo PLADIEM, en el documento inicialmente presentado aparecen solamente seis indicadores para mensurar un objetivo, cinco estrategias y 62 acciones de gobierno, a saber:

1. Eficiencia terminal en el nivel medio superior
2. Eficiencia terminal a nivel primaria
3. Eficiencia terminal a nivel secundaria
4. Grado promedio de escolaridad
5. Porcentaje de población de 15 años y más analfabetas
6. Rezago educativo

Inconsistentemente, en el Anexo del PLADIEM, en las denominadas “fichas técnicas”, que son la descripción de los seis indicadores ahora son:

1. Rezago educativo
2. Porcentaje de población de 15 años y más analfabetas
3. Grado promedio de escolaridad
4. Porcentaje de personal docente con estudios de tipo superior titulados.
5. Escuelas con servicios.
6. Tasa de abandono escolar por nivel y tipo educativo.

Es decir: se cambiaron arbitrariamente tres de los seis indicadores, dejando en completa ambigüedad lo conducente respecto a eficiencia terminal.

Lo anterior, prácticamente deja en estado de indefensión al PROSE, en donde aparecen 101 líneas de acción correspondientes a 5 estrategias, pero con solamente cinco indicadores, a saber:

1. Rezago educativo.
2. Grado promedio de escolaridad.
3. Perfil de los docentes de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior con ciertos atributos compartidos (sic).
4. Escuelas y planteles según disponibilidad de servicios básicos, tecnologías de la información y materiales e infraestructura adaptados para personas con discapacidad.
5. Personal de educación básica y normal cuyo pago de nómina se realiza en tiempo y forma.

Empero, en los anexos técnicos del PROSE; estos indicadores se convierten en once, a saber:

1. Rezago educativo.
2. Porcentaje de población de 15 años y más analfabetas
3. Abandono escolar
4. Grado promedio de escolaridad
5. Eficiencia terminal
6. Tasa neta de matriculación
7. Índice de paridad de género
8. Porcentaje de alumnos con discapacidad
9. Porcentajes que representan el perfil de los docentes de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior con ciertos atributos compartidos (sic).
10. Porcentajes de escuelas y planteles según disponibilidad de servicios básicos, tecnologías de la información y materiales e infraestructura adaptados para personas con discapacidad.
11. Porcentaje del personal de educación básica y normal cuyo pago de nómina se realiza en tiempo y forma.

A simple vista aparecen las inconsistencias; además de ser profundamente cuestionable que un indicador de desarrollo sea el pago puntual a los maestros, lo cual es un prerrequisito para la operatividad del sector educativo, lo cual en el mejor de los casos es un indicador de gestión, más no de procesos educativos,  también en el documento se reconoce explícitamente que no hubo una consulta especial para elaborar el PROSE, sino que fue un estudio de escritorio con resabios de lo que se pudo recuperar en la elaboración del PLADIEM. No olvidemos que, los indicadores elegidos, ya se alcanzaron, en materia de eficiencia terminal, por el fenómeno de la pandemia, que puso a muchos estudiantes regresando a las aulas, con lo cual se alcanzaron porcentajes alegres que no reflejan la realidad que padecen cientos de miles de jóvenes que se encuentran fuera de las aulas a pesar de estar en edad escolar.

Más aún, recordemos que, en la metodología de marco lógico que impera derivada de la Ley de Contabilidad Gubernamental, la cual condiciona el ejercicio del presupuesto a la obtención de resultados, cuando las metas son inferiores al noventa por ciento de lo planteado o cuando son superiores al ciento diez por ciento se reportan por los auditores a manera de hallazgos, por evidenciar falta de resultados o una definición defectuosa de metas por alcanzarse, al haberse planteado demasiado bajas. Es el caso de las eficiencias terminales.

No hay buen camino para quien no sabe a donde va.  Para Nicolás Maquiavelo, la razón de Estado se entendía como un conjunto de objetivos que legitiman la acción del político y que le permiten al Estado garantizar su existencia y conservación. Es decir, actuar bajo la razón de Estado es un recurso de poder que va más allá de cualquier principio moral o teológico

Ahora, en nuestros tiempos, ante la ausencia de indicadores de abandono escolar en el proceso de planeación para el desarrollo, este flagelo se ha convertido en el pretexto perfecto; es decir, el abandono escolar se ha convertido en la razón de Estado, en un sentido eminentemente maquiavélico: 

Sí, son inconsistencias totales, que tienen que ver con gobernar sin base en evidencia, a la par que sin congruencia entre el discurso, los actos de autoridad y las metas planteadas, a pesar de haber sido totalmente unilaterales y no haber tomado en cuenta prácticamente a la ciudadanía en estos procesos.

Entonces, tampoco hay manera tampoco de sustentar la afirmación de que “Michoacán vive un milagro financiero”, al menos no en el sector educativo, porque si nunca partimos de un proceso sistemático de planeación, mucho menos podemos afirmar que se está invirtiendo lo necesario, ni tampoco conoceremos los costos de oportunidad que se están dejando pasar en caso de estarse dejando de ejercer montos de gasto público en rubros que a la fecha nos son desconocidos, con las consecuencias terribles que ello podría implicar.

En suma, hay una larga tradición de desencuentros entre la planeación para el desarrollo y las acciones educativas en Michoacán de Ocampo.

Es inaceptable dejar pasar el tiempo rigiéndose por un marco de planeación inercial, desarticulado y carente de consistencia con el discurso, acciones e inversiones públicas destinadas a la educación, toda vez que el sistema de planeación hoy vigente no tiene pleno impacto en los indicadores educativos más sensitivos y básicos.

En este caso, como se evidenció líneas arriba, tanto el PLADIEM como el PROSE presentan falencias de origen, las cuales lastran el ejercicio de gobierno de inicio. Es preciso hacer ajustes al respecto.

Es importante que los ciudadanos entendamos la magnitud de lo que está pasando para evitar que se repitan las circunstancias o tengan un impacto más grave en el desarrollo educativo en nuestra entidad federativa.

Y al Gobierno del Estado hacerle un llamado a la racionalidad, a basarse en evidencia para el desarrollo de la política educativa estatal y a subordinar todas sus acciones al interés superior de las niñas, niños y jóvenes en la entidad federativa.

No solamente desconocemos el estado que guarda el aprendizaje en la entidad, ni las situaciones socioemocionales, el impacto de la pandemia en la educación, sino que no tenemos consistencia siquiera entre objetivos, indicadores y metas.

Es contingente reformular el proceso de planeación para el desarrollo, porque el actual no garantiza lo básico, lo mínimo indispensable para que las niñas, niños y jóvenes en la entidad federativa tengan garantizados sus derechos a estar, aprender, participar y convivir en las escuelas michoacanas en condiciones dignas y propicias para la vivencia plena de sus garantías individuales.

Debe hacerse una consulta ciudadana previa a la elaboración de los instrumentos de planeación para el desarrollo, con paneles de expertos, grupos de enfoque para la toma de decisiones tales como la selección de indicadores pertinentes.

Es menester la presentación semanal de resultados, la conformación de una mesa de educación donde se brinden resultados públicamente de los avances generados por las acciones de más de 80 mil trabajadores de la educación, entre basificados, temporales y personal de estructura y con más de treinta mil millones de pesos de inversión anual.

Debe constituirse mecanismos de participación ciudadana y gobernanza en torno al sistema de planeación para el desarrollo. Toda vez que la volatilidad de las políticas públicas en materia educativa es manifiesta y cada sexenio se realizan reformas de gran calado, es menester generar comités y organismos ciudadanizados que le brinden seguimiento puntual a los grandes temas educativos estatales, en aras de que no se diluya el esfuerzo realizado cada sexenio, lo que implica olvido y reinicio al iniciar la siguiente administración estatal, con el consecuente dispendio de recursos y esfuerzos.

La trazabilidad de las políticas públicas desde el proceso de planeación hasta la comprobación plena del recurso devengado en materia educativa, para la mejora continua de indicadores educativos y gobernar bajo la cultura de la evaluación. Por ello, se deben generar mecanismos de rendición de cuentas respecto a indicadores educativos que realmente afectan a toda la comunidad educativa cotidianamente. Por ejemplo, la instauración del clasómetro, consistente en una plataforma web en donde día tras día, grupo por grupo y escuela por escuela se visibilice si hubo actividades educativas o no, así como se informe en caso de que haya alguna incidencia al respecto.

Indudablemente, existe en el gabinete educativo y el de planeación del Gobierno del Estado la capacidad de ajustar el rumbo no es difícil, sólo hay que reconocer la situación y hacer precisiones a la planeación estatal.

El sistema educativo estatal está a tiempo de rectificar y de generar mejora continua por los derechos de la niñez y la juventud.

Retomemos el epígrafe juarista de esta entrega: no abandonemos el ideal constitucional de hacer valer los derechos educativos de los michoacanos, ni tampoco permitamos que se ceda a la tentación de gobernar bajo la maquiavélica razón de Estado: merecemos un gobierno educador, que planifique participativamente, conforme a lo que la norma le mandata y que cumpla lo programado. Que así sea.

Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles

*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C