Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales se reunieron con profesores nicolaitas con prisa y sin interés para escuchar sus planteamientos sobre sobre la reforma universitaria de Michoacán.
Morelia, Michoacán.- Con prisa y sin interés sobre los planteamientos respecto a la reforma universitaria de Michoacán, que les fueron formulados, diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local se reunieron con profesores nicolaitas quienes, les expusieron sus observaciones sobre las inconsistencias que han detectado en la reforma a la Constitución Política del Estado sobre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que promueve el Ejecutivo.
Los mayores desaires a los profesores provinieron de la diputada Emma Rivera Camacho, presidenta de la referida Comisión, quien de entrada condicionó el número de participantes en el encuentro, y después -ya en la reunión- acotó la cantidad de participaciones y les hizo saber a los docentes que tenía prisa por irse para estar en la Sesión de Pleno y atender a otras personas.
El cúmulo de desatinos de Emma Rivera y su evidente molestia por los señalamientos expuestos por los docentes, generó momentos de tensión en el encuentro y la exasperación entre algunos profesores al percatarse que no existía eco alguno en los asuntos que estaban planteando, de hecho, la legisladora fue enfática en insistir tras la intervenciones: “nosotros no vemos ningún agravio a la Universidad”.
El profesor Guillermo Ramón Campillo García, hizo una exposición detallada sobre el marco normativo que rige a la Universidad, incluyendo la cronología, cuáles preceptos están vigentes, en qué consisten, cómo se financia la UMSNH, los derechos de jubilación de profesores, las relaciones laborales, los compromisos asumidos por el Ejecutivo del Estado, aquellos que no se han cumplido, y las inconsistencias de la iniciativa promovida, entre otros.
Sin embargo, la atención de los diputados estaba lejos de la escucha a los planteamientos de los profesores, tanto que al final, en sus intervenciones mantuvieron una postura de espejo al discurso gubernamental sobre los beneficios que –aseguran- contiene la propuesta, sin evidenciar mayor interés a los riesgos alertados por los docentes.
Los diputados estaban más preocupados en bajar al Salón de Sesiones para votar a favor las minutas de las reformas federales en materia de seguridad -y ser de los primeros estados del país en hacerlo-, que en escuchar a los profesores.
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La diputada Emma Rivera al inicio de la reunión repitió el discurso oficialista acerca de que lo que se pretende es democratizar a la Universidad Michoacana y darle más dinero, también pretendió reducir la discusión al sistema de pensiones al referir que sabían que eso es lo que les preocupa a los profesores, “ustedes ven riesgo, pero nosotros no lo vemos así”, les dejó en claro.
Los docentes cuestionaron que se pretenda doblegar a la comunidad nicolaita con 700 millones de pesos, esto en referencia al incremento presupuestal que el Ejecutivo ha venido promocionando para la Universidad en el marco de la reforma que plantea.
También recordaron que en una reunión previa se había acordado elaborar una redacción distinta a los artículos transitorios previstos en la iniciativa del Ejecutivo, lo cual no ocurrió, incumpliendo los diputados con tal compromiso.
Cuestionaron el proceso que siguió la Rectoría que ocupa Yarabi Ávila González para aprobar recientemente un estatuto “que funge como espejo para la reforma que ahora se plantea” a la Constitución y para la Ley Orgánica de la Universidad, con un Consejo Universitario sometido y controlado, y con una política de persecución a las voces críticas del proceder de la rectoría.
También recordaron que hasta ahora son las voces de los docentes las que se han venido manifestando, pero aún falta escuchar a la comunidad estudiantil, ya que la reforma vulnera también sus derechos.
La postura de los docentes fue firme al señalar no sólo que la reforma es contraria a la democratización de la Universidad, sino también anticonstitucional, cargada de violaciones a la ley y que atenta contra su autonomía.