Coneval alerta sobre los peligros de su posible desintegración y la transferencia de funciones al INEGI.
El ha comunicado al Senado de la República su preocupación respecto al dictamen que propone la posible eliminación del organismo y la transferencia de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En su declaración, Coneval subrayó las serias implicaciones de tal medida, instando a mantener la integridad, credibilidad y precisión en las evaluaciones de pobreza y las políticas sociales.
El organismo enfatizó que “no existen funciones duplicadas con el INEGI” y que mover sus responsabilidades fuera de la administración pública federal podría comprometer la confianza en datos cruciales para la política de desarrollo social y la identificación de áreas prioritarias para intervenciones sociales.
Además, alertó sobre el riesgo de perder la capacidad de generar evidencia esencial para los programas de la nueva administración.
Coneval recordó a los legisladores que “existe la posibilidad de que se cumpla el propósito de eliminar el órgano constitucional autónomo considerado en el artículo 26 constitucional […] sin que el Ejecutivo federal pierda funciones directamente vinculadas con la política nacional de desarrollo social”.
El Consejo abogó por una gobernanza técnica e independiente en la legislación secundaria y los artículos transitorios, si el dictamen se aprueba, destacando que este enfoque ha sido crucial para mantener la objetividad y calidad en la evaluación de políticas públicas durante sus 19 años de operación.
“Lo anterior es indispensable para conservar la capacidad del Estado mexicano para apuntalar en forma efectiva las acciones dirigidas a eliminar la pobreza”.
Además, Coneval instó a asegurar los derechos laborales de sus aproximadamente 200 empleados y a considerar los recursos y tiempos necesarios para actividades futuras, como la presentación de la medición multidimensional de pobreza 2024 y la medición de la pobreza municipal 2025.
El organismo enfatizó la importancia de preservar los sistemas y metodologías desarrollados a lo largo de casi dos décadas y reiteró su disposición para dialogar con el Legislativo, subrayando que “el país requiere una medición de la pobreza confiable y técnicamente sólida y una evaluación rigurosa de los programas y acciones de desarrollo social”.
