El especialista Jorge Álvarez Banderas advierte sobre una crisis judicial en México debido a reformas y externalidades en el proceso judicial

Morelia, Michoacán.- Una “severa crisis” y la posible intromisión de grupos externos en los procesos de elección de jueces, magistrados y ministros, es la que advierte el Doctor en Derecho, Jorge Álvarez Banderas, especialistas en el rubro, quien además precisó: la reforma judicial es, de origen, ilegal, al no cumplirse a cabalidad los procesos legislativos.

Para Jorge Álvarez Banderas, la materia penal en México es ya delicada, y la reforma judicial deja abierta la puerta para que grupos externos que cohabitan en la sociedad “podrán tener el interés de postular a personas que les sean afines, y si resultan (electos) tendrán que, en su momento y funciones, actuar para beneficio de quien los pudo haber apoyado en la postulación”.

El también catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo precisó que la que se vive hoy en México, en razón de la reforma al Poder Judicial, es una situación “inédita”, misma que consideró grave, además de que el decreto de reforma constitucional a nivel federal tiene diversos yerros que no se pueden corregir con una simple “fe de erratas”, sino con una nueva reforma.

Álvarez Banderas expuso que es falso que no pueda promoverse un amparo en contra de la reforma al Poder Judicial porque la invocación de que “el juicio de amparo no prospera en contra de reformas constitucionales” es inconvencional, es decir, se encuentra prohibido en tratados internacionales de los que México forma parte, así lo contemplan, dando por sentado que es inconstitucional que el ciudadano no pueda tener un medio de defensa legítimo.

En consecuencia, dado que hay dos suspensiones definitivas contra el decreto emitido por el titular del Poder Ejecutivo para proceder con la reforma judicial, no debe proseguirse con cuestiones relacionadas con la elección de jueces, magistrados y ministros, hasta entonces se resuelvan los juicios de amparo, pero como hay desacato por parte de la Judicatura federal, el Instituto Nacional Electoral, el Ejecutivo federal y la mayoría de las legislaturas locales, se provocará una crisis muy grave en el sistema judicial de México.

“Habrá una crisis tremenda, y si estados como Michoacán están trabajando en replicar esta norma, es un trabajo en balde, es un trabajo absurdo, es un trabajo protagónico, porque denota el no respeto a la ley, a jueces federales. Cuando hay un desacato a ese tipo de situaciones, hay sanciones como el desafuero”, explicó.

Michoacán replica reforma al Poder Judicial

“En Michoacán tenemos una estructura del Poder Judicial del Estado que se compone por jueces laborales, jueces civiles, salas en materia penal, salas de apelación (…) Todos esos y otros impartidores de justicia, van a ser designados por voto popular, bajo el mismo esquema que se plantea llevar a cabo a nivel federal”, dijo.

En el caso de Michoacán, expuso, se propone una reestructura a través de la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que actuará como la “santa inquisición”, al destacar que tendrán bajo su consideración la revisión de la “capacidad” de los jueces para, en su caso, emitir sanciones a discreción, que van desde multas, hasta la inhabilitación.

También contempla un Órgano de Administración Judicial que, junto al Tribunal de Disciplina, reemplazarán al Tribunal de Justicia Administrativa. Éstos, tendrán una nueva estructura que en ambos casos, los magistrados que las integren no serán electos por voto popular, sino que, “de una manera muy rara, será la legislatura local quien los designe”.

“Con esto se da una nueva integración al tribunal contencioso administrativo local, en donde los amigos de las personas que estén en el poder designarán a unos, y los otros, en la buena de Dios, van a poder ser postulados en la elección. Es una crisis tremenda, es realmente la entrada a la figura de un estado autoritario, absolutista, porque el poder Legislativo y el Ejecutivo se confabulan como un solo poder para modificar la estructura de otro poder que es un contrapeso, y con ello, poder tener impartidores de justicia que obedezcan a los intereses de quienes los pusieron”, remató.