El Congreso de Michoacán aprueba una controvertida reforma judicial desoyendo mandatos judiciales.

Morelia, Michoacán.- Desacatando mandatos judiciales, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó este jueves, por mayoría, la reforma a la Constitución local sobre el Poder Judicial.

Con un Palacio Legislativo custodiado por fuerzas de seguridad, la mayoría oficialista, y fuerzas políticas aliadas, aprobaron la reforma que posiciona a Michoacán como el primer estado del país en haber efectuado su legislación local conforme a lo mandatado por el Congreso de la Unión en la reforma constitucional federal aprobada para el Poder Judicial.

Primeros señalamientos

La sesión de Pleno no estuvo exenta de discusión desde el inicio, antes de ser aprobada la orden del día, cuando desde la oposición se alertó sobre los mandatos emitidos por diversos jueces, ordenando la suspensión del proceso.

La panista Vanessa Caratachea refirió que existen dos suspensiones provisionales para la reforma judicial, por lo que ella solicitó la documentación al respecto el miércoles y al inicio de la sesión de este jueves no le habían sido entregados.

“Me gustaría saber ¿por qué se está llevando a cabo esta sesión cuando existen dos suspensiones provisionales? O si ya no existen, que me entreguen la documentación para saberlo, porque cuando hay una suspensión provisional y la violentamos, caemos en desacato e incurrimos en sanciones, una de ellas puede ser penal, pecuniaria o incluso de inhabilitación”, dijo.

Por su parte la priista Adriana Campos Huirache, también pidió se informara a los diputados si existe o se ha notificado de algún mandato judicial que ordene al Congreso suspender la aprobación de las reformas al Poder Judicial.

Cuestionó al presidente del Congreso, Juan Antonio Magaña de la Mora porqué no se enteró a los diputados ni se les notificó de las resoluciones en la materia, “el habernos convocado a una sesión pese a que existe un mandato judicial para no discutir y votar la reforma judicial en Michoacan, tiene repercusiones jurídicas, usted sabe las implicaciones que esto representa, usted sabe que se configura un desacato”.

“Por lo tanto si existe una suspensión de un juez para no abordar la reforma judicial en este pleno, le solicito pida a las comisiones dictaminadoras sea retirado del orden del día el dictamen para no incurrir como diputados en un desacato”.

Conrado Paz, diputado independiente, se sumó al requerimiento y censuró la falta de notificación a los diputados al respecto.

Juan Antonio Magaña de la Mora confirmó la existencia de la suspensión emitida por el juzgado de distrito de Uruapan, y seis por juzgados de Guadalajara, y dijo que la presidencia a su cargo había informado a las comisiones involucradas con el proceso de dictaminación para que éstas fueran valoradas.

“Estos argumentos, estos temas no se soslayaron, están incluidos en el dictamen que se elaboró, me hubiera gustado que le dieran lectura cuando se dio la publicitación debida”.

Dijo que los diputados debían ponderar entre atender una suspensión o cumplir con la Constitución de la República.

La discusión

Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del PT, solicitó un receso a la sesión tras terminarse de leer el dictamen, a fin de que los coordinadores parlamentarios pudieran dialogar sobre algunas reservas al documento y que éstas tuvieran posibilidad de ser aprobadas.

Al hacer uso de la palabra para razonar su voto, la panista Vanessa Caratachea calificó como un gran retroceso la reforma, y consideró que el dictamen en discusión afecta la vida democrática y el estado de derecho en Michoacán, buscando sacar adelante una reforma al vapor.

Advirtió que para los diputados oficialistas, la reforma se les puede revertir, y a futuro, ser sujetos de juicios sumarios.

Belinda Hurtado Marín acusó que la reforma, en la manera en que se está realizando en Michoacan, cuida privilegios en el estado y miente a los michoacanos.

Dijo que una cosa es el discurso político y otra los hechos, por lo que pidió a la ciudadanía estar al pendiente del voto de cada diputado.

La priista Adriana Campos Huirache puntualizó que una reforma constitucional surgida de la venganza no garantizará la justicia a los mexicanos.

Apuntó que la intención es una acumulación desmedida de poder, no el acceso a la justicia, por lo que el debate que se está dando no es jurídico sino político.

La morenista Emma Rivera Camacho, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales -una de las que dictaminó el tema-, habló del nepotismo en el Poder Judicial, y repitió argumentos que Morena ha venido esgrimiendo sobre la corrupción y el tráfico de influencia del referido Poder, el cual, aseguró que ha venido sirviendo a intereses fácticos.

Reyes Galindo Pedraza del PT dijo que la reforma le dará legitimidad al Poder Judicial, y apuntó que su partido estará a favor de fortalecer el proyecto de nación de la Cuarta Transformación.

La reforma a la Constitución fue aprobada en los general, con 30 votos a favor y ocho en contra, y posteriormente fueron votados cada uno de los artículos reservados por los diputados.