Redacción / La Voz de Michoacán (información en desarrollo)

Ciudad de México. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que propone la eliminación de siete órganos autónomos, con 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, esta decisión forma parte del Plan C presentando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en febrero pasado.

Entre los organismos que podrían desaparecer se encuentran el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La discusión se trasladará al Pleno, donde los diputados abordarán 57 propuestas, por su parte, los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo al dictamen, acusando que la medida responde a una "venganza personal" del presidente López Obrador contra instituciones que revelaron casos de corrupción en su gobierno, como el INAI. La diputada Laura Haro manifestó su molestía tras el resultado:

“No andemos contando, ni diciendo mentiras, se habla de una supuesta intención de austeridad. El INAI, por ejemplo, que es el Instituto responsable de que a las personas se nos garanticen un derecho constitucional, que es el de la información, cuesta a los mexicanos mil millones de pesos, mientras que Pemex, nada más y nada menos, ha reportado pérdidas de 251 mil millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos a hablar de ahorrar, solamente, en cada dos horas de lo que pierde Pemex, cada dos horas, es el costo del INAI”, sentenció la priísta.

Por su parte, legisladores de Morena, como Irma Juan Carlos, defendieron la reforma argumentando que busca un gobierno más eficiente, eliminando órganos que, según ellos, duplican funciones y derrochan recursos públicos. También aseguraron que la propuesta no viola tratados internacionales, como el T-MEC, pese a las preocupaciones expresadas por embajadores de Estados Unidos y Canadá.