La FGE de Michoacán destaca una reducción en la extorsión y secuestro, pero las cifras revelan un aumento en los casos, cuestionando la metodología y efectividad de las medidas.
Morelia, Michoacán.- El fiscal General del Estado de Michoacán (FGE), , presumió una reducción en la incidencia de extorsión y secuestro durante en los meses de octubre y noviembre de este año.
Extorsión
Carlos Torres Piña destacó una baja del 17 por ciento en extorsión y avances en detenciones, y agregó que “el año pasado fueron 56, ahora lo que va del año van 81” detenidos por secuestro, además de 62 personas aseguradas por extorsión.
Sin embargo, no se precisó cuántos de esos detenidos fueron vinculados a proceso, punto clave para medir la efectividad real de la persecución penal.
Tampoco se aclaró si las reducciones corresponden a denuncias oficiales, operativos específicos o reportes ciudadanos, lo que deja abierta la interrogante sobre la metodología utilizada para sostener el discurso de mejora.
El énfasis en cifras acumuladas contrastó con la falta de información sobre regiones en las que la extorsión ha mostrado picos sostenidos en 2025, especialmente en zonas con fuerte presencia de crimen organizado y economías locales sujetas a cobro de “cuota”.
Secuestro
En el caso del secuestro, la FGE no ofreció detalles sobre modalidades, perfiles de víctimas o estructuras detrás de los casos que permanecen abiertos.
La referencia a las 81 detenciones de este año se presentó como un indicador de avance, pero sin cifras de judicialización o sentencias, parámetros que realmente permiten medir impacto, por lo que el dato queda limitado a acciones de captura sin claridad sobre su desenlace procesal.
Torres Piña atribuyó la supuesta reducción de delitos a la coordinación con Sedena, Guardia Nacional y Guardia Civil.
No obstante, la exposición omitió información sobre los operativos que habrían influido directamente en la disminución de secuestro y extorsión: dónde se realizaron, qué objetivos perseguían o en qué municipios se observaron resultados concretos.
Las afirmaciones quedaron así en un marco general que no permite evaluar correlaciones entre presencia operativa y variación delictiva.
El discurso institucional también dejó fuera la disparidad territorial, ya que, mientras que el fiscal sostuvo que hubo una “disminución en el caso de carpetas iniciadas, casi del 10 por ciento”, no se detalló si ello aplica por igual en regiones donde la extorsión ha sido una práctica persistente.
Según el reporte de la FGE, durante el 2022, se cuantificaron solo 65 carpetas de investigación por este ilícito, cifra que se elevó radicalmente a 241 en 2023, mientras que, para el 2024, la FGE reportó un total de 295 carpetas de investigación.
Finalmente, de enero a octubre de este 2025, ya suman 262.
Frente a delitos que suelen tener altos niveles de cifra negra por miedo, amenazas o desconfianza institucional, la ausencia de claridad metodológica adquiere especial relevancia, toda vez que la mayoría de víctimas evita denunciar, lo que demuestra una reducción en carpetas que pueden reflejar más la resistencia a acudir a la autoridad que un descenso real en la criminalidad.
