En una contundente acción respaldada por la presión ciudadana, autoridades federales y locales demolieron una construcción ilegal que bloqueaba el acceso a una de las playas más visitadas del Pacífico mexicano. La estructura, un muro de piedra de aproximadamente 40 metros de largo, había sido levantada sin permisos en la calle Pescadores, en la localidad de Sayulita.

El muro, que funcionaba como mirador privado, limitaba el libre tránsito hacia la playa, afectando tanto a residentes como a turistas. La edificación fue señalada como una violación al principio constitucional de que las playas mexicanas son bienes de uso público.

El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, enfatizó que no se tolerarán intentos por privatizar zonas costeras: “Las playas son de todos, no permitiremos que intereses particulares las cierren”.

La orden de demolición fue emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tras confirmar que el responsable no contaba con los permisos necesarios. El operativo se llevó a cabo con maquinaria pesada, bajo la supervisión de autoridades municipales y federales.

Organizaciones ambientalistas, que durante semanas denunciaron la ilegalidad de la construcción, celebraron la resolución como una victoria ciudadana. “No se trata solo del acceso, sino de proteger el ecosistema costero ante la presión inmobiliaria”, señalaron voceros locales.

El caso cobró mayor visibilidad cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió una investigación sobre los crecientes reportes de bloqueos en playas de Nayarit, particularmente en Bahía de Banderas, donde el desarrollo turístico ha generado conflictos con comunidades locales.

Las autoridades advirtieron que mantendrán vigilancia en la zona para evitar nuevos intentos de invasión costera y reiteraron su compromiso con el acceso libre y legal a las playas.

Fuente: Milenio