Ciudad de México | Red-113.- Un juez de distrito en Michoacán otorgó una suspensión definitiva a un grupo de jornaleros, ordenando a la Presidencia de la República y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla implementar acciones inmediatas para localizar y destruir las minas terrestres instaladas por el crimen organizado en la región de Tierra Caliente.

El fallo responde a la denuncia de los jornaleros, quienes señalaron la omisión de las autoridades en la detección y eliminación de las llamadas «narcominas», poniendo en riesgo su vida y su derecho a trabajar en condiciones de seguridad.

El juez Sergio Santamaría Chamú instó al Ejecutivo federal a considerar solicitar asistencia internacional, incluso a la ONU, para desarrollar un programa nacional de desminado. También señaló que ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Fiscalía de Michoacán han demostrado una estrategia coordinada para abordar la crisis.

A pesar de que la Fiscalía estatal menciona la existencia de investigaciones y solicitudes formales a la zona militar, el juez subrayó que no hay pruebas documentales que respalden esas acciones, lo que agrava la situación y pone en peligro la vida de los habitantes de la región.

Ahora, tanto el gobierno federal como el estatal tienen la obligación de actuar con urgencia para garantizar la seguridad de la población afectada.