La crisis educativa en Michoacán es una emergencia social que requiere acciones inmediatas para asegurar el futuro de los estudiantes.

Michoacán enfrenta una crisis educativa que trasciende las aulas y se convierte en una emergencia social que amenaza el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes. Mientras la mayoría de los estudiantes de educación pública básica en la entidad federativa se ven amenazados o afectados por paros indefinidos, la violencia cobra vidas en los entornos escolares y la infraestructura educativa se desmorona ante nuestros ojos. Es momento de reconocer que nos encontramos en una encrucijada histórica que demanda acciones inmediatas y estructurales.

El reciente paro indefinido de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que estalló el Día del Maestro, no es solo una manifestación sindical más. Es el síntoma visible de décadas de abandono, corrupción y políticas públicas insuficientes que han convertido a la educación michoacana en rehén de intereses políticos y clientelares, mientras los verdaderos protagonistas —estudiantes y maestros— pagan las consecuencias de esta irresponsabilidad institucional.

La compleja realidad del magisterio michoacano refleja la fragmentación de un gremio que debería estar empoderado como artífice del cambio social. Las divisiones entre facciones, reconocidas o no, con o sin toma de nota —CNTE roja “Poder de Base”, CNTE azul, SNTE, STEM y otros sindicatos— han generado un escenario donde la unidad necesaria para transformar la educación se diluye en disputas internas que solo benefician a quienes perpetúan el statu quo.

Esta fragmentación se evidenció claramente durante el paro indefinido, donde las dos expresiones de la Sección XVIII de la CNTE paralizaron las escuelas con estrategias diferenciadas, pero igualmente desestabilizadoras. Mientras la facción roja tomó las oficinas de la Secretaría de Educación y estableció plantones en el centro histórico de Morelia, la facción azul realizó asambleas informativas que, en la práctica, resultaron en otro día perdido para los estudiantes. Este próximo miércoles será un hecho que las principales fuerzas gremiales estarán plenamente en paro.

Las respuestas de las autoridades educativas estatales y federales, así como de los poderes ejecutivo y legislativo en sus diferentes niveles, han sido históricamente reactivas y superficiales. Negar y desconocer la realidad imperante es inaceptable cuando se tienen atribuciones para resolver los problemas públicos. Hoy, el titular de la SEP aseveró en su conferencia matutina que en Michoacán había un total de cero escuelas cerradas. Partir de ahí imposibilita la construcción de soluciones.

La estrategia de “gobiernos de composición” —que otorga cargos públicos, puestos de elección popular y escaños legislativos como mecanismo de gobernabilidad— ha demostrado ser insuficiente y simuladora, por entregar niveles, subsistemas y áreas completas del sistema educativo estatal al arbitrio de los grupos fácticos que se anidan en su interior.

Uno de los aspectos más alarmantes de la crisis educativa michoacana es la normalización de la violencia en los entornos escolares. El asesinato de madres de familia en las inmediaciones de las escuelas, como los casos documentados en Morelia y Uruapan, así como el homicidio del maestro Antonio Benjamín, representan una tragedia que trasciende las estadísticas para convertirse en una herida profunda en el tejido social.

Las comunidades escolares, que deberían ser un remanso en la caótica y violenta geografía michoacana, se han convertido en escenarios de terror que disuaden el ejercicio de los derechos educativos. Cada crimen no solo enluta a una familia; también aleja de las aulas a otros estudiantes, maestros y padres que perciben la escuela como un espacio inseguro.

Por si fuera poco, la existencia de escuelas “de palitos”, no solamente en comunidades rurales alejadas, sino incluso en plena capital del estado, como lo documentó un diario nacional esta semana, evidencia el grado de improvisación y abandono que caracteriza al sistema educativo michoacano. Estas telesecundarias, construidas sin suficiencia presupuestal previa, sin Clave de Centro de Trabajo y en predios irregulares, son testimonio de un sistema que prioriza la simulación sobre la garantía de derechos educativos.

Mientras las autoridades se refugian en justificaciones burocráticas —falta de presupuesto, irregularidades administrativas, supuestos intereses políticos— los estudiantes que asisten a estos planteles enfrentan condiciones que vulneran su dignidad y limitan sus oportunidades de aprendizaje. La pregunta fundamental permanece sin respuesta: ¿qué hace el gobierno para garantizar los derechos educativos de estos estudiantes?

La situación actual es resultado de nueve décadas de clientelismo y rapacidad de intermediarios abusivos que han tratado a los trabajadores de la educación como instrumentos políticos más que como profesionales de la educación. Los maestros, en su mayoría, siguen percibiendo menos de dos salarios mínimos mensuales, trabajando en condiciones precarias, sin servicios públicos en las escuelas rurales y expuestos a la violencia, la inseguridad y las complejas situaciones socioemocionales de sus estudiantes.

Esta realidad los convierte en testigos en primera fila del hambre, la delincuencia, la desesperación y la miseria que padece la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, las políticas públicas han ignorado sistemáticamente estas condiciones, prefiriendo mecanismos de control político que perpetúan la precariedad laboral y la desmoralización profesional.

La corrupción en el sector educativo michoacano opera como un sistema que involucra tanto a corruptores como a corruptos, donde funcionarios abusan del poder en beneficio propio mientras perpetúan redes de complicidad que drenan recursos destinados a la educación. Esta dinámica no solo afecta la calidad educativa; también erosiona la confianza social en las instituciones y perpetúa ciclos de impunidad.

Por lo anterior, es momento de pasar a la construcción de soluciones. Es fundamental desarrollar un modelo específico de política pública magisterial que reconozca la problemática en toda su complejidad. Esta política debe construirse mediante consultas participativas que definan objetivos claros, estrategias diferenciadas, líneas de acción específicas, indicadores verificables, presupuesto suficiente y cronogramas de implementación realistas.

Este modelo debe ser incorporado en los Presupuestos de Egresos de la Federación y estatales, planificado en los Planes Nacionales y Estatales de Desarrollo, y reflejado en los Programas Sectoriales correspondientes. Solo así se eliminará la discrecionalidad, la dependencia de la voluntad política coyuntural y los mecanismos de corrupción.

Así también, se debe de formular e implementar inmediatamente un programa integral de seguridad escolar, el cual debe incluir, entre muchas otras acciones coordinadas y presupuestadas, mínimamente patrullajes sistemáticos durante horarios de entrada y salida en todos los planteles educativos, la instalación de cámaras de vigilancia en perímetros escolares con un centro de control y comando que cuente con perspectiva escolar; coordinación interinstitucional entre fuerzas de seguridad, autoridades educativas y comunidades escolares, protocolos de emergencia específicos para cada plantel, formación permanente para personal educativo en prevención y respuesta ante situaciones de riesgo, por principio de cuentas.

Aunado a lo anterior, debe establecerse con suficiencia presupuestal amplia, redestinando los cientos de millones de gasto suntuario y despilfarro en que incurren los gobiernos para diseñar participativamente y operar un programa de dignificación de la infraestructura educativa. Por ello, debe, con urgencia, regularizarse todas las escuelas que operan en condiciones precarias, que se les garanticen sus servicios básicos (agua, luz, internet, saneamiento) en todos los planteles, que establezca estándares mínimos de infraestructura educativa, que se cree un fondo de emergencia para atención inmediata de situaciones críticas y se implementen mecanismos de transparencia en la asignación y ejercicio de recursos.

Adicionalmente, es perentorio que se construya un sistema de monitoreo y transparencia educativa, ya que la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre el estado de la educación y esta clase de suspensiones irregulares de las actividades escolares, acompañadas de una guerra de declaraciones entre las fracciones sindicales y grupos gremiales respecto a la autoridad, desacreditándose entre sí y ensalzándose a sí, sin presentar mayores pruebas de sus dichos exigen que haya una plataforma pública de información educativa en tiempo real, donde grupo por grupo, escuela por escuela, día tras día de clases se esclarezca si hubo clases o no y cuál fue el motivo de la incidencia, en caso de haberla, que existan indicadores verificables sobre los aprendizajes, la excelencia o calidad, la cobertura y equidad educativa, con mecanismos de rendición de cuentas con participación ciudadana que constituyan un entramado de gobernanza y que les permita a su vez la realización de auditorías sociales de los programas educativos, contándose con espacios institucionales para la participación de padres de familia y estudiantes.

Los tres órdenes de gobierno del poder ejecutivo en Michoacán de Ocampo deben de asumir su responsabilidad constitucional de garantizar el derecho a la educación. Esto implica proponer, consultar e implementar soluciones estructurales que vayan más allá de los parches coyunturales. La gobernabilidad no se construye con simulacros; se construye garantizando condiciones dignas para el ejercicio de derechos fundamentales.

Mientras tanto, en el magisterio ya es momento de trascender las divisiones facciosas y construir una agenda común que coloque en el centro los derechos educativos de los estudiantes. La dignificación del magisterio y la calidad educativa no son objetivos contradictorios; son elementos complementarios de una transformación integral que beneficia a toda la sociedad y se alcanzarán más prontamente en unidad.

La educación es responsabilidad de todos. Padres de familia, sector académico, organizaciones sociales, sector empresarial y ciudadanía en general deben participar activamente en la construcción de soluciones. La indolencia social es cómplice del deterioro educativo, en donde podemos ser corresponsables indirectos de la debacle o constructores colectivos de una nueva era para la educación estatal.

Es fundamental que las autoridades en materia de seguridad, de gobernabilidad y educativas contribuyan a sacar la educación de la nota roja y la conviertan en agenda prioritaria de desarrollo social. La cobertura responsable y libre de parte de los medios de comunicación puede generar conciencia social y presión ciudadana para el cambio, si deja de ser coartada.

Michoacán se encuentra en una encrucijada histórica. Podemos continuar con el círculo vicioso de conflictos, paros, violencia y abandono que caracteriza la situación actual, o podemos tomar las decisiones valientes que requiere una transformación estructural del sistema educativo.

La emergencia educativa michoacana no es solo un problema de cifras o estadísticas; es una tragedia humana que afecta el presente y el futuro de cientos de miles de niñas, niños y jóvenes que merecen una educación de excelencia en condiciones dignas y seguras. Como lo hemos dicho desde Mexicanos Primero Michoacán desde 2009 a la fecha: cada día perdido en las aulas es una oportunidad menos para construir el estado próspero y justo que todos anhelamos.

La solución no está en los escritorios burocráticos ni en las negociaciones cupulares. Está en el reconocimiento de que la educación es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado con políticas públicas estructurales, recursos suficientes, seguridad integral y participación social efectiva.

No podemos permitir que una generación más de michoacanos crezca en un sistema educativo que los condena a la mediocridad, la violencia y la desesperanza. El momento de actuar es ahora. El futuro de Michoacán está en juego, y todos tenemos la responsabilidad histórica de construir las condiciones para que nuestros estudiantes y maestros puedan desarrollar su potencial en un entorno educativo digno, seguro y de calidad.

La educación michoacana puede y debe ser transformada. Pero esto solo será posible si trascendemos los intereses particulares y las simulaciones y construimos un proyecto colectivo que coloque a los derechos educativos de la niñez y la juventud en el centro de nuestras prioridades como sociedad. Si es en el presente, deberá ser la autoridad quien convoque, si es para futuro, las fuerzas sociales vivas de la entidad deberán atender este llamado. Que así sea.

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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C