Morelia, Michoacán

Las y los legisladores michoacanos tomaron protesta a dos magistradas y dos magistrados que formarán parte del Pleno del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa, luego de que éstos cumplieron con la etapa de registro y de entrevistas, y tras ser evaluados, fueron los idóneos para ocupar los cargos.

De acuerdo con un comunicado emitido, Swany Peña Reyes, Lizeth Puebla Solórzano, Carlos Enrique Verduzco Hurtado y Sergio Alberto Martínez Ocampo tomaron protesta para ocupar el cargo de magistrada de la Primera Sala, magistrada de la Segunda Sala, magistrado de la Tercera Sala y magistrado de la Cuarta Sala, respectivamente, del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado.

De acuerdo con los dictámenes sometidos a consideración de las y los integrantes de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, la Comisión de Justicia estudió los respectivos expedientes, para evaluar la idoneidad de las personas aspirantes, considerando los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y que se hubieran distinguido por su competencia, antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, su honestidad y buena fama pública.

Durante la Sesión Extraordinaria quedó de manifiesto que se analizaron todos y cada uno de los perfiles e iniciaron el proceso de deliberación a efecto de integrar las cuatro ternas que permitirían elegir a quienes ocuparán los cargos de magistradas y magistrados de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa.

Las personas seleccionadas, en criterio de las y los integrantes de la Comisión de Justicia, resultaron mejor evaluadas para el cargo y por ello fueron incluidas en la terna que se sometió a consideración del Pleno, al ser consideradas como las que cuentan con los perfiles idóneos para el desempeño de los mismos.

“La determinación final de esta Comisión de Justicia para seleccionar los perfiles que se integraran a la terna, fue parte de un proceso complejo que partió de una evaluación de los méritos formales de todas las personas aspirantes que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales establecidos en la Constitución de Michoacán, en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y en la Convocatoria. Con lo cual, se tuvo un panorama de los méritos académicos, de su experiencia profesional, así como de su honestidad y buena fama pública”, precisa el Dictamen.