Morelia, Michoacán

La creación de un Consejo Consultivo de Mujeres y una Junta de Gobierno que diseñe y proponga políticas públicas, acciones de gobierno y legislación con perspectiva de género es una propuesta de la diputada Sandra Arreola en conjunto con Marx Aguirre, Subsecretaria de Organización y Desarrollo.

“Entre los principales objetivos de este consejo está el que se garantice que las políticas públicas sean inclusivas y que respondan a las verdaderas necesidades de las mujeres, que se visibilicen las desigualdades estructurales y se trabaje para erradicarlas, que funcione como un organismo de participación ciudadana y parlamento abierto”, explicó Sandra Arreola.

Detalló que la Junta de Gobierno estaría compuesta por siete miembros permanentes, que tendrían derecho a voz y voto, representantes de las secretarías de Igualdad Sustantiva de las Mujeres, de Gobierno, de Educación en el Estado y de Salud, así como de la comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la integrarían dos mujeres elegidas por los mismos miembros del consejo.

Marx Aguirre abundó que el consejo estaría integrado por siete consejeras de distintos ámbitos en donde se desarrollan las mujeres, como el laboral, doméstico, rural, académico y periodístico, entre otros, y que todas tendrían derecho a voz “para hacer las propuestas, atender consultas y ser vínculo directo de la sociedad civil con el estado, colaborar en el diseño de planes de trabajo, conocer inconformidades presentadas por peticionarias y beneficiarias, promover acciones, realizar labores de difusión sobre los programas, presentar informes y seguimiento a la implementación o decisiones de la junta de gobierno”.

Las dos militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explicaron que se trata de una reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Michoacán para la creación de este organismo, en donde los cargos serían honoríficos y se designarían mediante una convocatoria pública y las determinaciones de la junta serían vinculantes. Es decir, las secretarías estarían obligadas a acatarlas.