Las menores denunciaron las agresiones por parte del cura cuando residía en un albergue en Jalisco.
La Audiencia Nacional Española aprobó la extradición de Ramón L.E, un cura acusado de abusar sexualmente a tres niñas en un albergue cristiano ubicado en Jalisco, donde actuaba como misionero.
El sacerdote de 58 años fue reclamado por las autoridades mexicanas después de que las tres menores, quienes tenían entre 10 y 13 años de edad, denunciaran que el cura les hacía tocamientos cuando las conducía a la sala de televisión en el albergue para confesarlas durante la primavera de 2022.
De acuerdo a los testimonios por parte de una de las víctimas, ella no había alertado anteriormente de lo ocurrido debido a que no le iban creer, por lo que sólo le había comentado a las demás niñas. Asimismo, cuando le confesó a una de las madres, la acusó de ser mentirosa.
Posteriormente, las menores denunciaron las agresiones tras saber que el cura había regresado a España.
Tiempo después, el sacerdote, quien tenía una orden de arresto de un juez mexicano desde el 2023, fue detenido el pasado 28 de marzo en Zaragoza tras una alerta de Interpol, pero fue puesto en libertad provisional y con medidas cautelares.
Cuando acudió a la Audiencia el pasado octubre, el cura comentó que no aceptaba la extradición, mientras que su defensa sostuvo que el cura se encontraba en España en las fechas de las agresiones sexuales denunciadas, por lo que no había podido cometerlas.
A pesar de ello, la Fiscalía apoyó en cambio extraditarlo a México, lugar donde fue acusado por el delito de abuso sexual infantil y de corrupción de menores agravados. La decisión fue igualmente aprobada por la Audiencia Nacional, quien señaló que el tribunal de extradición no puede entrar a valorar cuestiones de fondo como las pruebas o la veracidad de los cargos formulados contra el cura.
El proceso continuará ahora en territorio mexicano, donde las autoridades llevarán a cabo las siguientes etapas judiciales. Si es declarado culpable, el sacerdote puede enfrentar penas de hasta 12 años de prisión, esto de acuerdo al Código Penal español.
Fuente: El Periódico de Aragón