Redacción / La Voz de Michoacán

Ciudad de México.- La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, dio entrada al trámite de un recurso presentado por Grupo Elektra en el que la empresa impugna un crédito fiscal de 1,431 millones de pesos, originado por la omisión en el pago de impuestos correspondientes al ejercicio fiscal de 2008.

El recurso fue aceptado debido a que Elektra plantea temas de inconstitucionalidad de leyes que, según la ministra, deben ser analizados por la Corte.

El acuerdo fue firmado por Piña el 8 de agosto y notificado hoy a través de una lista, y ahora la presidencia debe revisar y acordar el trámite inicial de entre 150 y 200 expedientes diariamente.

Este caso es uno de los dos asuntos fiscales de Elektra que llevaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a enviar una carta a la ministra Piña esta semana, reclamando lo que considera una prolongación injustificada en su resolución. El otro caso, pendiente de la Corte, involucra un crédito fiscal mucho mayor, de 18,455 millones de pesos, relacionado con el ejercicio fiscal de 2013.

En caso de que Piña hubiera desechado el recurso, Elektra habría estado obligada a pagar al SAT, ya que la empresa había agotado las instancias previas del juicio. Sin embargo, el expediente fue turnado a la ministra Yasmín Esquivel en la Segunda Sala, donde se espera que la resolución tome entre uno y dos meses.

Esta problemática surge desde el pasado 5 de junio, donde el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la sentencia dictada en febrero de 2023 por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ratificó que Elektra dedujo indebidamente 1,900 millones de pesos de pérdidas fiscales de una filial para disminuir la base del ISR correspondiente al ejercicio de 2008. Esta táctica también fue utilizada por la empresa en los ejercicios de 2010 y 2011, lo que resultó en créditos fiscales adicionales por 6,920 millones de pesos.

El crédito de 18,455 millones de pesos relacionado con el ejercicio de 2013 se debe a la omisión de Elektra de revertir las pérdidas de años anteriores cuando abandonó el régimen de consolidación fiscal. En este caso, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el amparo directo a la empresa el 13 de junio.

Al admitir estos asuntos, la Suprema Corte sólo se pronunciará sobre la posible inconstitucionalidad de las leyes aplicadas a Elektra, sin que tenga posibilidades significativas de ganar los recursos planteados.