Mediante decenas de contratos sin licitación alguna, la delegación de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal entregó casi 14 millones de pesos, de los cuales, la mayoría de ellos fueron para tres proveedores durante el 2023 y lo que va del presente año, según consta en documentos en poder de este medio informativo.
Además, existe una evidente opacidad por parte de funcionarios de esa dependencia federal, toda vez que los contratos no fueron reportados mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde por ley deberían aparecer.
Durante varios meses, el ex delegado, Roberto Pantoja Arzola, se dedicó a beneficiar a un grupo de empresas mediante pequeños contratos que sumaron varios millones de pesos, los cuales fueron detectados a través de los registros realizados ante la Plataforma CompraNet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) del Gobierno Federal.
Y es que para evitar los controles que conlleva una licitación pública, el citado funcionario optó por realizar una serie de contratos menores al millón de pesos, a un reducido grupo de proveedores durante aproximadamente un año y medio.
De acuerdo con la investigación realizada por este medio de información, se pudo constatar que casi el 50 por ciento de las contrataciones que Pantoja Arzola realizó durante año y medio antes de su salida de la delegación de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal, fueron entregadas a tres proveedores.
En total fueron entregados a Homero Malagón Albarrán, María Ontiveros Torres y a la empresa Moronni Latinoamérica S.A. de C.V., casi 7 millones de pesos, por la prestación de diferentes servicios.
Moronni Latinoamérica pactó varios convenios mercantiles para el servicio de seguridad en las instalaciones de la dependencia federal, empresa que dentro de su objeto social no se encuentra destinada para ofrecer la prestación para la que fue contratada, según se puede constatar en el Registro Público de Comercio (RPC ) de la Secretaría de Economía del Ejecutivo Federal.
De acuerdo con el RPC, esa firma comercial fue creada durante el año 2014, producto de una sociedad entre Francisco Cano Borja y Adriana Cano Lira, con domicilio en el municipio de Tarímbaro, Michoacán.
Otro de los proveedores beneficiados es Homero Malagón Albarrán, quien prefiere facturar a la dependencia federal como persona física que mediante su empresa EDITORIAL CIENPOZUELOS S.A. DE C.V. de la cual es socio.
Curiosamente, los más de 1 millón 500 mil pesos que le fueron destinados por parte de Roberto Pantoja a ese proveedor fue por la impresión de lonas publicitarias muy similares a las que fueron repartidas por miles por parte del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) durante la más reciente campaña, fuerza política que el hoy ex delegado del Bienestar llegó a ser su dirigente.
María Ontiveros Torres fue también beneficiada mediante contratos realizados por adjudicación directa, para la renta de sillas, mesas y toldos utilizados durante la entrega de apoyos a adultos mayores y a personas con discapacidad.
Asimismo, llama la atención la opacidad con la que la delegación de la Secretaría del Bienestar en Michoacán se condujo durante el periodo de Roberto Pantoja, toda vez que a pesar de ser una obligación legal su publicidad, los contratos que constan en la plataforma CompraNet, no están inscritos en la PNT.
