Por BORIS GONZÁLEZ CEJA*
El uso de recursos públicos para fines privados no es un error administrativo, no es tampoco un chascarrillo de borrachos sin nada que hacer: es una forma estructural de corrupción, y la corrupción del México postrevolucionario y sin ley que padecemos, mata. Cuando además se revestía con el discurso de la salud mental, el agravio es doble.
El caso de Marcelo Patrick Ebrard, hijo del excanciller mexicano con 40 años en la política nacional, quien habitó la residencia oficial de la Embajada de México en Londres por 6 meses, entre 2021 y 2022 mientras cursaba estudios de psicología, ilustra con claridad cómo el privilegio se normaliza en las élites del poder.
La residencia en Belgrave Square, con personal doméstico financiado por el erario, fue justificada bajo la narrativa de la “preocupación parental” y del contexto pandémico. Ese argumento no sólo es insuficiente en términos éticos y legales, sino insultante en un país donde millones de padres sostienen a sus familias sin red de protección alguna. La salud mental se usó como una coartada moral para legitimar el uso privado del patrimonio público.
Desde la psicología social, el caso revela mecanismos bien conocidos. La normalización del privilegio aparece cuando el beneficio indebido deja de percibirse como tal. La racionalización moral permite justificar el abuso mediante causas aparentemente nobles. Y el desplazamiento de responsabilidad convierte la crítica legítima en “ataque político” o “mezquindad”, desplazando el centro del debate: el uso indebido de recursos del Estado.
Este no es un caso aislado. En México, la salud mental ha sido utilizada de múltiples formas como moneda política o botín burocrático. Existen direcciones de salud mental ocupadas sin procesos públicos de selección, frecuentemente asignadas por vínculos familiares, de compadrazgo o afinidad partidista. El resultado es devastador: programas sin evaluación, presupuestos opacos y servicios precarios para la población que sí necesita atención.
Otro ejemplo estructural es la simulación institucional. Se anuncian campañas de salud emocional mientras hospitales carecen de personal especializado y medicamentos básicos. El desabasto en instituciones como el ISSSTE, así como la sustitución de criterios clínicos por criterios administrativos, ha puesto en riesgo la vida de pacientes con trastornos mentales severos. Ahí también hay corrupción: cuando se decide ahorrar donde no se debe y el costo lo paga el cuerpo del otro.
Más grave aún es el uso simbólico de la salud mental como ornamento. Exposiciones, foros y eventos “internacionales” financiados directa o indirectamente con recursos públicos sustituyen la intervención real en comunidades violentadas. ¿Por qué no llevar esos esfuerzos a las zonas con mayores tasas de homicidio, suicidio o consumo problemático? Porque ahí no hay prestigio ni fotografía diplomática. Lo más indignante es que con el 10% de lo que se roban, como psicologos atendemos a cientos de miles de personas en un año, pero ya no hay presupuesto público para eso.
La corrupción en salud mental no siempre deja huella contable visible e inmediata, pero sí deja secuelas profundas: abandono institucional, desgaste del personal clínico y una población cada vez más desconfiada del Estado. Mientras los gobiernos continúan funcionando como bolsas de trabajo para amigos, la falta de concursos públicos y evaluaciones reales sigue siendo el gran pendiente.
La crítica a estos hechos no exonera a la oposición ni a otros actores políticos. Son problemas paralelos que deben nombrarse sin mezclarse para que no se diluyan. La corrupción debe sancionarse, sin adjetivos ni banderas. La instrumentalización del sufrimiento humano, también.
Hablar de salud mental exige algo más que discursos: exige congruencia, responsabilidad pública y, sobre todo, la renuncia al privilegio, con sanciones. Todo lo demás es simulación, hipocresía y cinismo en el siglo XXI.
Causas y azares…
- Mientras el gobierno municipal desvía los recursos para su campaña política, no hay dinero para declarar área natural protegida las cañadas del sur de la ciudad, lleno cada día más de paracaidistas y delincuentes.
- El gobierno federal sigue mostrando que sus programas contra el suicidio son un fracaso, sin personal capacitado para mitigar ese problema social 100% prevenible, y que la falta de concursos para elegir los mejores perfiles en salud mental sigue siendo una charla inutil.
- Suministrar medicamentos falsos en el ISSSTE es algo tan grave, como lo es que tienen por política de atención sus criterios administrativos antes que los criterios médicos; en esas andamos con ocupasillas que no tienen pudor, mientras siguen de soplanucas 3000.
Hasta la próxima, que al otro lado de la puerta un hombre deja caer su corrupción… ya no será para él. Agradezcamos los vermes y el olvido.
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* Boris González Ceja. Es licenciado en Psicología y Maestro Educación y Docencia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Experto en proyectos de salud mental para resultados y fortalecimiento de equipos de especialistas en psicología en temas de violaciones graves de derechos humanos. Consultor de organismos nacionales como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). Notoriedad por excelentes estudios de psicología, investigaciones para leyes y por resolver problemas acuciantes a nivel internacional desde la ciencia.
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